Amnistía Internacional nos explica cómo ayudaron, ante los datos investigados, para que mejorara la estadística de discriminación de los ancianos que viven en residencias.
En España hemos tenido muchos casos de Coronavirus, así como otros países; hemos tenido un confinamiento, como muchos otros países; hemos tenido restricciones de movilidad, restricciones en el máximo de personas en reuniones y toques de queda, entre otras muchas cosas, como la mayoría de países.
El hecho de que durante los últimos diez años hayamos sufrido recortes de sanidad y, sumado a esto, que no estábamos preparados para una epidemia de este calibre, ha provocado una mala gestión durante la pandemia y una falta de recursos para el personal de sanidad, así como mínima asistencia médica y, a consecuencia de todo esto, han tenido que escoger a quien asistir y a quien no.
Actualmente parece que hemos conseguido erradicar un poco el virus, pese a que la vacunación completa para toda la población parece que va a tardar unos meses.
Miles de ancianos fallecidos
El sector más vulnerable ha sido, como en todos los países, las personas mayores. Si miramos los porcentajes, un 30,4% de personas de entre 50 y 99 años viven en residencias y, de personas de 100 o más años, un 48,5% viven en residencias, según el Instituto Nacional de Estadística.
A fecha de hoy, 15 de marzo de 2021, han fallecido un total de 72.424 personas en España, de las cuales 29.419 han sido personas que vivían en residencias de mayores; si bien es cierto que a día de hoy es un 42,06%, que ya es bastante, de marzo a diciembre de 2020 suponía un 70% de fallecidos frente a las 40.749 personas fallecidas.
Medidas insuficientes
Además del peligro que suponía el covid para los ancianos, los empleados de las residencias también se vieron afectados al tener que trabajar con unas medidas ineficaces como la falta de equipos de protección y de pruebas de diagnóstico durante el primer periodo de la pandemia.
Llegó un momento en el que la mayor parte del personal de las residencias estaba de baja por estar contagiado; trabajadoras del centro, aunque sin experiencia en enfermería, se tuvieron que quedar para sustituirlos.
Después de la primera ola se estudió cuál había sido el principal causante del contagio en residencias, y se llegó a la conclusión de que era a través de los profesionales que trabajaban, ya que al tener poco personal todos debían moverse por todas las habitaciones contagiando así a todos los pacientes. También afectó la falta de protección y la poca información que se tenía en el momento, ahora está todo más controlado y vigilado.
Discriminación a los mayores en residencias
Enfermar en una residencia de ancianos en tiempos de pandemia suponía un aumento de las posibilidades de fallecer sin asistencia médica. InfoLibre destapó seis documentos en los que se demuestra que Ayuso prohibió trasladar a gente mayor que vivía en residencias a los hospitales, haciendo así que las muertes en las residencias se dispararán. El Gobierno de Ayuso creó unos Protocolos para los hospitales en los que restringía la posibilidad de trasladar enfermos desde las residencias.
Todo esto supone, como denuncia Amnistía Internacional, cinco violaciones de los derechos humanos: a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y a una muerte digna. Actualmente, esta discriminación ha disminuido gracias al trabajo de Amnistía Internacional.
Medicamentos para los ancianos
A los residentes que estaban ya contagiados por el virus y en un mal estado, no se les facilitó medicamentos que aliviaran el dolor, muchos murieron en condiciones deplorables y por falta de asistencia médica.
Negaban las llamadas pidiendo ambulancias que venían de las residencias y en muchos casos sin el material y el equipo de un hospital los pacientes acababan muriendo, en los casos que llegaban al hospital, lo hacían en malas condiciones, deshidratación, llagas por todo el cuerpo, cardenales...
Encerrados y sin contactos
Cuando empezó el confinamiento las residencias se cerraron y los residentes no podían recibir ninguna visita de fuera, esto fue una complicación al tener que explicar a pacientes que por condiciones médicas o psicológicas no podían entender que es lo que pasaba fuera. Para ellos simplemente sus familiares habían dejado de ir a verles y los habían encerrado en habitaciones solos y aislados durante semanas, y muchos lo entendieron como un castigo.
Además, si un paciente contraía el virus en muchos casos no se informaba a la familia hasta que el paciente había muerto o en el caso que se informara no se les dejaba hablar o despedirse. Actualmente depende del centro aceptar visitas o, por contra, organizar videollamadas.
Amnistía Internacional
Eduard Martínez, colaborador de “Amnistía Internacional” nos ha enseñado su informe de las residencias durante la pandemia, donde expone que los ancianos que viven en las residencias han sido discriminados por parte del gobierno y han sido violados algunos de sus derechos humanos, como pueden ser el derecho a la vida y el derecho a una muerte digna.
En el informe, habla de temas importantes como pueden ser la falta de recursos para las residencias de ancianos, para los profesionales al cuidado de ancianos e incluso para los médicos que estaban en primera fila intentando parar el Coronavirus; también habla de la exclusión generalizada de derivación a los hospitales y servicios médicos o la medicalización a la que eran sometidos muchos ancianos sabiendo que estaban encadenados a la muerte, simplemente los medicaban para que no sufrieran o porque no les quedaba otra opción.
Amnistía Internacional también ha recogido una serie de testimonios, tanto de Madrid como de Barcelona, donde los familiares de las víctimas explican la experiencia, por ejemplo, Daniel Martínez: su madre falleció en marzo por Coronavirus en una residencia de Barcelona, ya que le negaron la derivación a un hospital y no pudieron despedirse de ella. En el vídeo podemos ver como Daniel Martínez explica la experiencia y expone las conversaciones que ha tenido con los sanitarios.
Ellos, viendo todo lo que había y queriendo cambiar esta situación, hicieron un comunicado a las residencias donde exponen las discriminaciones y los testimonios, haciendo así que las cosas cambien un poco.
Con todo esto, podemos ver como Amnistía Internacional ha cumplido con su palabra de cambiar las cosas y que el gobierno realmente ha discriminado y violado algunos derechos humanos fundamentales en la vida. Creemos que deberían seguir actuando para que la violación de derechos humanos disminuya al máximo posible e incluso, si se puede, acabar con ello.